Estados Unidos prepara la revocación de hasta 200 mil visas de negocios y turismo para personas extranjeras que solicitaron o actualmente tramitan asilo en ese país, una medida que podría convertirse en la cancelación masiva de visas más amplia en la historia estadounidense.
La acción estaría dirigida a titulares de visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026. El proceso sería coordinado por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, con un anuncio previsto para las próximas semanas.
La medida aún está en preparación
El número estimado de personas afectadas podría modificarse conforme avance la revisión de expedientes. Las autoridades estadounidenses sostienen que algunas personas ingresaron al país con visas para estancias breves y posteriormente solicitaron asilo con la intención de permanecer de manera permanente.
La revocación de una visa no implicaría necesariamente una deportación inmediata. En los casos de personas con solicitudes de asilo pendientes, el procedimiento migratorio podría continuar bajo una clasificación distinta, aunque perderían la autorización correspondiente a actividades de negocios o turismo.
Posibles impugnaciones legales
La aplicación de la medida podría generar demandas ante tribunales federales, debido al número de personas involucradas y a la forma en que se determinaría qué expedientes deben ser revisados o cancelados.
Durante los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ha revocado alrededor de 175 mil visas por motivos que incluyen condenas o acusaciones penales, presuntas violaciones a las condiciones migratorias y expresiones públicas consideradas contrarias a los intereses del gobierno estadounidense.
Parte de una política migratoria más restrictiva
La revisión de visas forma parte de una política más amplia de endurecimiento migratorio. Entre las medidas recientes se encuentran mayores exigencias de información para solicitantes, controles adicionales sobre antecedentes y restricciones para determinadas nacionalidades.
La administración estadounidense también ha intentado limitar el llamado turismo de parto y modificar las reglas relacionadas con la ciudadanía por nacimiento, aunque varias de esas iniciativas han sido impugnadas ante los tribunales.
La decisión final sobre el alcance de la revocación y el procedimiento para notificar a las personas afectadas todavía está pendiente. Hasta ahora, el plan contempla una aplicación gradual y sujeta a cambios antes del anuncio oficial.